Octubre es el mes de la ciberseguridad y nos invita a reflexionar sobre la problemática del
cibercrimen el cual dejó de ser un problema técnico para convertirse en un fenómeno
económico global. Esta industria ilegal ya mueve US $10,5 trillones al año, lo que la ubica
como la tercera economía mundial, detrás de Estados Unidos y China.
Dentro de este contexto devastador, en Latinoamérica, este negocio criminal crece de forma acelerada y de él se desprende otra problemática: la de la falta de talento en el sector.
La preparación para enfrentar el cibercrimen es mínima y se estima que solo el 2% de las
empresas de la región cuentan con un CISO (Chief Information Security Officer) que lidere
la estrategia de ciberseguridad.
En Argentina, la situación también es preocupante: solo el 20% de las grandes compañías
tienen un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) activo, y ese número se reduce a un
5% entre las pymes, lo que deja a miles de organizaciones vulnerables frente a ataques
cada vez más sofisticados.
Ante este contexto Sergio Oroña, CEO de Sparkfound, empresa pionera en cibervigilancia en la región, explica: “Estamos frente a un negocio criminal que crece más rápido que la capacidad de defensa de gobiernos y empresas. Si no reaccionamos ahora, el impacto económico y social será devastador”. Y agrega: “En la economía digital, no contar con protección equivale a dejar la puerta de la empresa abierta. Los ciberdelincuentes
aprovechan esas brechas y pueden paralizar operaciones completas en minutos”.
Según el experto una de las claves es la ciber resiliencia que consta de tener una
preparación previa y una planificación, monitorear para detectar ciberdelitos, dar una
respuesta rápida y trabajar en la recuperación de los datos y especialmente generar
conciencia de que la cultura de la ciberseguridad es clave para las empresas.
La urgencia de actuar
En América Latina se está gestando una crisis silenciosa que pone en riesgo a empresas,
gobiernos y ciudadanos: la falta de profesionales capacitados en ciberseguridad. Mientras
los ataques digitales crecen en frecuencia y sofisticación, la cantidad de expertos
disponibles no aumenta al mismo ritmo, generando una brecha que deja a la región
vulnerable frente a amenazas cada vez más complejas.
Hoy, la ciberseguridad ya no es un tema exclusivo de áreas técnicas; es un asunto
estratégico que impacta la economía, la confianza en los servicios digitales y hasta la
estabilidad de un país. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de los recursos
humanos necesarios para protegerse. Este déficit no solo afecta a las grandes
corporaciones, sino, sobre todo, a las PyMEs, que suelen ser las más desprotegidas y,
paradójicamente, las más atacadas.
Según el experto: «Para cerrar esta brecha necesitamos avanzar de manera simultánea en
tres frentes claves»:
Formación y reconversión profesional: Es urgente multiplicar los programas de
capacitación en ciberseguridad, no solo en universidades, sino también en institutos
técnicos y a través de iniciativas de reskilling. Muchos profesionales de IT tienen la base
necesaria para especializarse, pero requieren entrenamiento y certificaciones que les
permitan dar el salto a roles críticos en seguridad.
Colaboración público-privada: Ningún sector puede enfrentar este desafío solo.
Gobiernos y empresas deben trabajar en conjunto para generar incentivos y marcos que
promuevan la formación de talento. En países donde se implementaron políticas
colaborativas, los resultados fueron claros: la brecha comenzó a achicarse.
Tecnología como aliado: Mientras formamos nuevos profesionales, las empresas
necesitan soluciones inmediatas. Los modelos de ciberseguridad como servicio, como SOC,
SIEM y SOAR administrados, ofrecen acceso a equipos especializados y herramientas
avanzadas que muchas organizaciones no pueden costear de manera interna.
La ciberseguridad ya no es un tema del futuro. Es el presente, y si no se aceleran los
procesos, los atacantes seguirán moviéndose más rápido que la capacidad de defensa que
tienen las organizaciones. A su vez, la región necesita tener una estrategia integral que
combine educación, cooperación y tecnología para construir un ecosistema seguro y
resiliente ya que de su capacidad de reacción dependerá no sólo la protección de datos e infraestructuras, sino también la confianza digital y el desarrollo económico de
Latinoamérica.
